La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha exigido en el Congreso de los Diputados la suspensión inmediata del acuerdo comercial en materia agraria entre la UE y Marruecos tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se confirma que dicho acuerdo, modificado en 2019, viola el derecho internacional por vulnerar, en particular, los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental. Así lo ha expuesto esta mañana el responsable de frutas y hortalizas, Andrés Góngora, durante su intervención en la conferencia sobre el Sáhara Occidental organizada por el Frente Polisario y varios grupos parlamentarios para dar a conocer los términos de sentencia.

La sentencia del Tribunal europeo confirma definitivamente la anulación de la decisión del Consejo que modifica el Acuerdo UE-Marruecos en materia de liberalización comercial de los productos agrarios, ampliando las preferencias arancelarias en él contenidas a los productos originarios del Sáhara Occidental. Sin embargo, permite que el Acuerdo sobre medidas de liberalización en materia de productos agrícolas entre la UE y Marruecos se mantenga por un período de doce meses a partir de la publicación de la sentencia ( 4 octubre 2024) por “las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica”.

En relación a ello Góngora ha declarado ha reclamado que la aplicación de la sentencia sea inmediata, sin periodos de gracia. “Los agricultores y agricultoras europeos no hemos tenido ese periodo de gracia y sufrimos día a día la competencia desleal de las importaciones bajo las condiciones perniciosas del Acuerdo”. Góngora ha añadido que “si la sentencia ha dictaminado que el acuerdo no es legal, la UE no puede cerrar los ojos y mantener 12 meses más en vigor un acuerdo ilegal, sólo para favorecer a determinadas empresas transnacionales, mientras los productores continuamos perdiendo rentabilidad y desapareciendo”.

En este sentido, COAG también reclama que el gobierno español se posicione a favor de los productores y productoras agrarios, dado que son los más perjudicados por el Acuerdo de liberalización comercial entre la UE y Marruecos, y presione en la UE para la anulación del mismo y para eliminar los graves efectos que tiene sobre nuestras producciones. “Comprobamos con asombro e indignación cómo la UE y el Gobierno español están rendidos a las demandas de una contraparte, Marruecos, que utiliza un perfil negociador basado en el chantaje, en el que se utiliza el terrorismo, la inmigración y la droga como argumentos para obtener contrapartidas. Esas contrapartidas ponen en riesgo el futuro de los agricultores de la UE, que somos moneda de cambio evidente. Pero también dañan los intereses de los contribuyentes de la UE que no reciben los ingresos aduaneros correspondientes por los productos importados. Además, los consumidores de la UE que no pueden tener certeza respecto del origen real de los productos procedentes supuestamente de Marruecos. Y por último, pero no menos importante, la propia población del Sahara Occidental, que ve cómo este acuerdo UE-Marruecos sirve para mermar sus derechos”, ha lamentado el responsable de frutas y hortalizas de COAG.

Un acuerdo que no protege

Como ha dictado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, el acuerdo UE-Marruecos vulnera, además, la legislación europea sobre comercialización de frutas y hortalizas frescas en lo concerniente a la veracidad de la información contenida en el etiquetado de las importaciones marroquís. En otras palabras, se está produciendo una clara vulneración y un perjuicio de los derechos de los ciudadanos comunitarios como consumidores, en lo que concierne a la veracidad de la información contenida en el etiquetado de los productos respecto a la procedencia de los mismos. La legislación europea de frutas y hortalizas establece que los productos del sector destinados a ser vendidos frescos al consumidor solo podrán comercializarse si en ellos figura la indicación del país de origen. Ahora bien, la capacidad del consumidor europeo para discernir si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino, o bien procede del Territorio no autónomo del Sahara Occidental, se encuentra limitada y sus derechos, en este sentido, vulnerados.

La sentencia es clara en este sentido: “la indicación del país de origen que debe figurar en los tomates y los melones de que se trata únicamente podrá designar el Sáhara occidental, ya que dichos productos se recolectan en ese territorio. En efecto, dicho territorio es distinto del de Marruecos y un territorio aduanero en el sentido del Derecho de la Unión. Cualquier otra indicación podría hacer pensar al consumidor que esos melones y tomates proceden de un lugar distinto del territorio en el que se recolectaron”.