La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha recibido de los representantes del grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba (UCO) el estudio que han elaborado en torno a la futura PAC, que arroja diferentes alternativas viables para aplicar el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) en Andalucía sin causar perjuicios ni recortes de ayudas a los agricultores y ganaderos andaluces ni al resto de comunidades autónomas.

Los investigadores universitarios que han trabajado en este estudio de análisis pertenecen a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la universidad cordobesa entre los que se encuentran el área de Economía y la de Sistemas de Información Geográfica. Y su estudio está basado en conclusiones certeras de expertos investigadores quiénes, tras un amplio análisis de situación, plantean la aplicación de distintas fórmulas para ejecutar los criterios de la nueva PAC, así como otros modelos de ecorregímenes y regiones productivas.

La consejera se ha mostrado “muy satisfecha” por el resultado obtenido por los expertos universitarios, ya que estas conclusiones vienen a respaldar las alegaciones presentadas, de forma consensuada, por el ejecutivo andaluz, organizaciones agrarias y Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía y viene, a su vez, a “avalar la rigurosidad de los planteamientos y propuestas que hemos trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España para que haya más flexibilización, mejorar los ecorregímenes a fin de que estos no se conviertan en una tasa plana o se rediseñen las regiones de la Política Agraria Común, especialmente para las comarcas de la Campiña de Sevilla, La Janda de Cádiz, El Condado de Huelva, Antequera y La Loma de Jaén, que son las que más fondos pierden con la nueva PAC”.

El objetivo de esta colaboración entre ambas instituciones ha sido, según ha explicado Carmen Crespo, “diseñar un nuevo modelo de Pepac acorde a la realidad y las necesidades del sector y en especial en Andalucía que supone un tercio de los perceptores de la PAC de España y que tiene una amplia y reconocida trayectoria en la gestión”. Además, ha insistido en la unidad de acción que viene caracterizando a Andalucía “en la defensa de sus intereses, en donde las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias y la Junta han ido de la mano en todo momento”. Al mismo tiempo, Crespo ha manifestado que ahora en esta interlocución permanente se procederá al análisis detenido del informe hoy recibido.

La consejera de Agricultura, que hará participe de estas conclusiones al Gobierno de España, confía en que el Ministerio tenga en cuenta las mismas y que atienda las propuestas que, de forma seria y lógica, ha planteado Andalucía desde el consenso de la Mesa de Interlocución y ahora desde la propia Universidad de Córdoba.

Las principales alegaciones consisten en solicitar que se flexibilicen de manera definitiva las prácticas, tal y como ha hecho Andalucía para este año, que se rediseñen para evitar pérdidas y que en los ecorregímenes se aumenten los criterios para la fijación de sus cuantías económicas teniendo en cuenta la estructura del suelo o de las explotaciones y que se modifique el concepto de agricultor activo. Andalucía entiende que el agricultor ecológico o de producción integrada debe ser considerado agricultor activo per se, entendiendo que debe bastar con demostrar la actividad agraria, aunque la compatibilice con otra actividad.

Respecto al cuaderno digital de explotación agrícola, las alegaciones andaluzas solicitan que se aplace hasta el año que viene. En este sentido Carmen Crespo ha explicado que “con la situación actual de sequía, inflación y altos costes de producción y los efectos de la guerra Ucrania, es lo más aconsejable”, entendiendo además que para ello debería establecerse un período voluntario.

Otro aspecto al que se ha presentado alegación es la relativa a flexibilizar la condicionalidad, o lo que es lo mismo, las prácticas ambientales que se exigen con la nueva PAC, ya que desde Andalucía se entiende que esta flexibilización permitiría adaptarlas a la realidad de la comunidad autónoma y que tengan una mejor aplicación.