El informe sobre la “Aplicación de las normas de la Unión en materia de salud y medio ambiente a los productos agrícolas y agroalimentarios importados” es la respuesta a la petición del Consejo de la UE y del PE, en julio de 2021, en el que pedían que la Comisión realizara un estudio en el que se incluyera una evaluación del motivo y la viabilidad jurídica de la aplicación de las normas de salud y medioambiente (incluidas las normas de bienestar animal y los procesos y métodos de producción) a los productos agrícolas y agroalimentarios importados. Tras la presentación del Informe por parte de la Comisión, el 3 de junio, ahora, el Consejo de la UE y el PE deben estudiarlo para en su caso adoptar nuevas normativas o modificar las actuales.

La Comisión Europea explica que “existe algo de margen para extender la aplicación de las normas de producción de la Unión a los productos importados, siempre que se respeten plenamente las normas de la Organización Mundial del Comercio”. No obstante, añade, que antes de aplicar las normas de producción a las importaciones, es fundamental realizar una evaluación caso por caso. En este sentido explica que “si bien es cierto que existe margen político para seguir aplicando los requisitos sanitarios y medioambientales a los métodos de transformación y producción de los productos importados, cada caso debe analizarse de forma individual”.

Por otro lado, la Comisión recomienda poner más el énfasis en analizar la viabilidad técnica, y económica de los mecanismos de control, es decir, de poder comprobar que las producciones de países terceros cumplen con las normas comunitarias. Explica la Comisión que “dado que se están regulando los métodos de producción o transformación en un tercer país, la viabilidad y la proporcionalidad de los medios adecuados para controlar y hacer cumplir su aplicación deben evaluarse en relación con lo costes y beneficios de hacerlo”.

Para FEPEX es prioritario el cumplimento de las mismas normas sanitarias y medioambientales por parte de las producciones de países terceros que llegan al mercado de la UE para garantizar la protección fitosanitaria de las producciones comunitarias y una competencia en igualdad de condiciones.