Este exceso habría generado un fraude de 71,7 millones de euros en los últimos cinco años, con un impacto anual de 14 millones. Además, el sector denuncia la complicidad de la UE y los gobiernos español y francés, que no han respondido a las reiteradas solicitudes del campo sobre las tasas arancelarias de las importaciones marroquíes. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declara ilegal el acuerdo comercial con Marruecos por incluir territorios del Sáhara Occidental, el sector exige su aplicación inmediata y sin periodos de gracia.